El Pacto de San José, formalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido durante décadas un pilar para la protección de las libertades individuales en nuestro continente. Representa un triunfo de la cooperación entre naciones. Sin embargo, mientras celebramos estos acuerdos, una transferencia de poder, mucho más profunda y silenciosa, está redefiniendo el concepto de soberanía y, con ello, el futuro de nuestros derechos fundamentales.
La Transferencia Silenciosa del Poder
El poder real ya no reside exclusivamente en los gobiernos signatarios de tratados internacionales. Ha migrado hacia una nueva esfera de influencia: los algoritmos. Estos sistemas, desarrollados y controlados por corporaciones tecnológicas transnacionales, dictan qué vemos en nuestras pantallas, qué información consumimos, qué ideas consideramos relevantes y, en última instancia, cómo actuamos. Estos nuevos «soberanos digitales» no han firmado ningún pacto, pero sus decisiones algorítmicas afectan nuestra libertad de expresión, privacidad y dignidad de una forma más directa y constante que cualquier decreto gubernamental.
Cuando el Debido Proceso es un Algoritmo
Un pilar del Pacto de San José es el debido proceso legal. Pero, ¿qué significa este derecho en una era donde un algoritmo de «justicia predictiva» puede determinar la probabilidad de reincidencia de una persona basándose en datos históricos que pueden estar sesgados? Al delegar decisiones tan críticas sobre la libertad humana a sistemas opacos, sin rostro y sin una jurisdicción territorial clara, corremos el riesgo de erosionar las garantías que tanto ha costado construir. Estos sistemas no rinden cuentas ante los ciudadanos, sino ante los intereses corporativos.
Hacia un Pacto de San José Digital
La próxima gran evolución del derecho internacional no será un nuevo tratado entre países. Deberá ser un Pacto de San José Digital: un nuevo contrato social a escala global. Este acuerdo debe someter a los algoritmos y a las arquitecturas digitales que habitamos a los mismos principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la dignidad humana que exigimos a nuestros gobiernos.
Esto implica concebir una nueva forma de soberanía compartida entre los ciudadanos, los Estados y los creadores de estas tecnologías. El futuro de los derechos humanos no dependerá únicamente de la voluntad de los presidentes, sino de nuestra capacidad colectiva para escribir el código fuente de una sociedad digital más justa y libre. Es imperativo que los juristas y los ciudadanos aprendan a hablar el lenguaje del futuro: el lenguaje de la programación y la ética algorítmica.
