El derecho administrativo se concibió como un pilar fundamental para el equilibrio de poder, un mecanismo de control que asegura que las acciones del gobierno se ajusten a la ley y protejan el bienestar de los ciudadanos. Idealmente, debería funcionar como un freno de emergencia ante decisiones arbitrarias o perjudiciales. Sin embargo, la realidad contemporánea nos presenta un panorama preocupante: este conjunto de normas, en lugar de ser un contrapeso, a menudo se convierte en el acelerador de agendas políticas que no siempre coinciden con el genuino interés colectivo.
El Pretexto del «Interés Público»
Una de las frases más utilizadas para justificar acciones gubernamentales es «en nombre del interés público». Bajo este amplio y a menudo ambiguo paraguas, se toman decisiones de gran calado. Como se expone en el video, es común que en estos procesos se omitan pasos cruciales como las consultas públicas, donde la ciudadanía puede expresar su opinión, o que se ignoren por completo informes técnicos disidentes que advierten sobre los riesgos o la inviabilidad de un proyecto. El problema radica en que el «interés público» es definido unilateralmente por el gobierno de turno, convirtiéndose en una herramienta flexible para validar sus propias iniciativas sin el escrutinio adecuado.
La Trampa del «Cómo» Frente al «Porqué»
El sistema legal se enfoca intensamente en los procedimientos: el «cómo». Se establecen mecanismos sobre cómo apelar una decisión, cómo recurrir una resolución o cómo seguir el debido proceso. Si bien estos procedimientos son esenciales, su énfasis puede ocultar una cuestión mucho más profunda y fundamental: el «porqué». ¿Por qué se tomó esa decisión en primer lugar? ¿Cuál es la motivación real detrás de la medida? Y, la pregunta más importante, ¿a quién beneficia realmente? Cuando el análisis legal y público se queda atrapado en la forma, se pierde de vista el fondo, permitiendo que decisiones con motivaciones cuestionables avancen simplemente porque «cumplieron» con los pasos formales, aunque hayan vaciado de contenido el espíritu de la ley. El verdadero control ciudadano y la transparencia exigen que pasemos de preguntar únicamente «cómo» a cuestionar insistentemente el «porqué».
