En el ámbito del derecho contemporáneo, surge con frecuencia un debate que contrapone la soberanía nacional con las obligaciones derivadas de tratados internacionales. Uno de los conceptos en el centro de esta discusión es el Control de Convencionalidad, un mecanismo que a menudo se percibe erróneamente como una cesión de la autoridad estatal. Sin embargo, un análisis detallado revela que su propósito y efecto son, en realidad, el enriquecimiento y fortalecimiento del sistema jurídico interno.
¿Qué es Exactamente el Control de Convencionalidad?
El Control de Convencionalidad es una herramienta jurídica que obliga a los jueces y a todas las autoridades de un país a asegurarse de que las leyes y actos internos sean compatibles con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado ha ratificado. En el caso de Costa Rica, al suscribir voluntariamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el país asumió el compromiso de buena fe de armonizar su legislación y prácticas con los estándares de dicho tratado.
Este mecanismo no implica que agentes externos dicten la ley, sino que los propios jueces nacionales se convierten en los principales guardianes de un ordenamiento jurídico integral, que abarca tanto la Constitución Política como los pactos internacionales que protegen la dignidad humana.
El Falso Dilema: Soberanía vs. Derechos Humanos
La principal crítica hacia este control sugiere que debilita la soberanía. No obstante, esta visión es limitada. La soberanía no es un concepto absoluto e inmutable; en un mundo interconectado, los Estados la ejercen de manera responsable al participar en la comunidad internacional. Al ratificar un tratado, un país como Costa Rica ejerce su soberanía para comprometerse con valores universales.
El Control de Convencionalidad es, por lo tanto, el instrumento principal para cumplir con esa obligación soberanamente adquirida. Lejos de mermar la autoridad, este proceso fomenta una evolución constante de la jurisprudencia, permitiendo que el derecho nacional se adapte a nuevos desafíos y a una comprensión cada vez más profunda de los derechos fundamentales.
Beneficios Directos para el Estado de Derecho
La aplicación de este control tiene consecuencias positivas y tangibles. Primero, aumenta la seguridad jurídica para los ciudadanos, quienes cuentan con una capa adicional de protección de sus derechos. Segundo, fortalece el Estado de Derecho, asegurando que el poder público actúe siempre dentro de un marco de respeto a la dignidad humana. Finalmente, posiciona a Costa Rica como un actor internacional serio, responsable y comprometido, cuya identidad jurídica se fundamenta en la protección de las libertades fundamentales.
