La distinción entre la ciudadanía y la residencia en Costa Rica es un pilar fundamental de su marco jurídico, un concepto que no solo define la participación política, sino que también protege la soberanía del Estado sin menoscabar los derechos humanos. A menudo, se tiende a confundir estos términos, pero la ley costarricense establece límites claros y necesarios que garantizan un equilibrio entre la identidad nacional y la inclusión social.

Derechos Inherentemente Ciudadanos

La Constitución Política de Costa Rica reserva explícitamente el ejercicio de la soberanía a los ciudadanos. Esto significa que ciertos derechos, considerados pilares del sistema democrático, son exclusivos de quienes ostentan esta condición. El derecho al voto es el ejemplo más claro y fundamental. Solo los ciudadanos costarricenses pueden participar en las elecciones para elegir a sus representantes. Del mismo modo, la participación activa en partidos políticos, la posibilidad de postularse para cargos públicos de alta investidura, como la presidencia o una curul legislativa, son prerrogativas inherentes a la ciudadanía.

Estas limitaciones no son arbitrarias. Son una manifestación del derecho de un Estado a la autodeterminación, permitiendo que las decisiones políticas fundamentales que moldean el futuro de la nación sean tomadas por quienes tienen un compromiso intrínseco con su historia, su presente y su porvenir. Este modelo protege la esencia de la identidad costarricense y asegura que la dirección del país sea un reflejo de su propia voluntad soberana.

Derechos Garantizados a los Residentes

Es crucial enfatizar que esta diferenciación no implica una devaluación de los derechos de los residentes. Por el contrario, el sistema jurídico costarricense es robusto en la protección de los derechos humanos para todas las personas dentro de su territorio, independientemente de su estatus de ciudadanía. La Constitución, en su artículo 19, establece una equiparación de derechos y deberes para nacionales y extranjeros, un principio que garantiza un trato justo e igualitario en la mayoría de los aspectos de la vida diaria.

Los residentes en Costa Rica gozan de pleno acceso a la justicia, la propiedad, el trabajo digno y la protección social. Pueden iniciar negocios, comprar bienes, acceder a servicios de salud y educación, y contar con la protección de las leyes. De hecho, su contribución a la economía y a la sociedad es invaluable. El modelo costarricense busca un equilibrio sano: un sistema político gobernado por los ciudadanos, pero una sociedad abierta y protectora de la dignidad humana para todos los que la habitan. Es un ejemplo de cómo una nación puede salvaguardar su soberanía mientras honra sus compromisos con los derechos humanos universales.