En el sistema legal de cualquier nación, existe una jerarquía de normas diseñada para garantizar el orden y la justicia, con la Constitución en la cúspide. Sin embargo, la aplicación práctica de este principio a menudo se enfrenta a un complejo entramado burocrático. La realidad jurídica que experimenta el ciudadano común puede ser muy diferente de los ideales plasmados en la Carta Magna. Este fenómeno se manifiesta cuando la maquinaria del propio Estado invierte dicha jerarquía, dando prioridad a reglamentos, circulares internas o, incluso, a la interpretación de un funcionario por encima del texto constitucional.
El Ciudadano Atrapado en la Burocracia
El problema central es que, mientras la Constitución establece un marco de derechos y garantías, los decretos ministeriales, las normativas internas y las decisiones de ventanilla crean un laberinto administrativo. El ciudadano queda atrapado en medio de esta contradicción. Un derecho que la Constitución le garantiza puede ser negado o postergado por un reglamento de menor rango, obligándolo a navegar un sistema que parece diseñado para ser confuso y desgastante. La pregunta que surge es: ¿el examen del colegio de abogados integra esta realidad jurídica en su plenitud, o se enfoca únicamente en la teoría?
Incluso cuando los más altos tribunales, como la Sala Constitucional (Sala Cuarta), intervienen para anular un decreto por considerarlo inconstitucional, queda una estela de consecuencias. ¿Qué sucede con los cientos de actos administrativos que se ejecutaron bajo el amparo de esa norma ahora invalidada y que ya afectaron la vida de las personas? La anulación corrige el rumbo a futuro, pero rara vez repara el daño ya causado, evidenciando un choque directo entre el poder ejecutivo y los principios constitucionales.
Una Lucha Constante Contra un Monstruo de Mil Cabezas
Esta desconexión entre la norma suprema y su aplicación cotidiana no es un problema menor; es una lucha constante. Se asemeja a combatir un monstruo de mil cabezas: se anula un reglamento y surgen dos más. Para el ciudadano, esta batalla se traduce en frustración, desconfianza en las instituciones y la sensación de que el Estado, en lugar de servir, obstaculiza. Comprender esta realidad jurídica es fundamental para cualquier profesional del derecho y para la sociedad en general, pues solo reconociendo al «monstruo» se pueden empezar a diseñar las herramientas para enfrentarlo.
