La Constitución Política de Costa Rica es a menudo elogiada por su carácter garantista y su enfoque en los derechos fundamentales. Sin embargo, existe una creciente preocupación sobre la brecha entre este idealismo plasmado en papel y la realidad que enfrentan los ciudadanos en los tribunales. Este artículo explora esa desconexión, utilizando como punto central el polémico Examen de Excelencia del Colegio de Abogados y la pregunta fundamental: ¿para quién funciona realmente nuestro sistema legal?
El Idealismo Constitucional Frente a la Realidad Judicial
Nuestro marco constitucional promete un amparo efectivo y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No obstante, como se señala en el análisis, «la belleza del amparo se topa con la muralla de la inejecución de las sentencias». Esta frase resume la frustración de muchos, quienes ven cómo las resoluciones judiciales favorables no se materializan. De igual manera, la protección de nuestros ríos y ecosistemas a menudo cede ante los intereses económicos, demostrando que la jerarquía de derechos puede ser flexible cuando hay grandes capitales involucrados. La teoría es robusta, pero la práctica diaria la desmiente, creando un escenario de incertidumbre jurídica.
El Examen de Excelencia: ¿Prueba de Cinismo o de Capacidad?
En este contexto, el Examen de Excelencia del Colegio de Abogados se convierte en un punto de análisis crítico. La prueba busca, en teoría, asegurar la idoneidad de los futuros profesionales en derecho. Sin embargo, surge la duda de si se está evaluando la capacidad real para defender derechos o, como se plantea, la «capacidad para recitar un texto de ficción». Si las leyes y principios constitucionales no se aplican a cabalidad en la práctica, el examen podría convertirse en un «ejercicio de cinismo», donde se evalúa a los aspirantes sobre un ideal desconectado de la realidad operativa del sistema. La verdadera habilidad de un abogado no reside solo en conocer la ley, sino en saber cómo hacerla valer en un entorno complejo y, a veces, adverso.
¿Para Quién Funciona Realmente el Sistema?
La pregunta final es la más incisiva: ¿funciona la Constitución para el ciudadano común o para quien tiene los recursos para navegar el sistema? La justicia no debería depender de la capacidad económica para contratar a un «buen abogado que conozca la jurisprudencia». Cuando el acceso a los derechos se convierte en un privilegio y no en una garantía universal, el sistema entero entra en crisis de legitimidad. Este desequilibrio socava la confianza pública y perpetúa la idea de que la ley no es igual para todos, un concepto que va en contra de los principios fundamentales de cualquier democracia.
