La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, superando con creces la capacidad de adaptación de nuestros marcos legales. La Inteligencia Artificial (IA) ya no es una promesa futurista, sino una herramienta presente en múltiples sectores. Sin embargo, su integración plantea un desafío fundamental que no puede ser ignorado: la falta de un reconocimiento jurídico explícito. Como se menciona en el video, sin este «primer ladrillo», cualquier avance en este campo corre el riesgo de ser un «experimento interesante, pero legalmente inútil».
El Fundamento: Validez Jurídica para Actos con IA
El principal obstáculo para la plena implementación de soluciones basadas en IA en procesos formales es la incertidumbre sobre su validez. Un acto realizado con la asistencia de una IA, como la verificación de un documento o la precalificación de un contrato, carece de un respaldo legal claro. Esto crea una zona gris que frena la innovación y genera inseguridad jurídica tanto para empresas como para particulares. Es imperativo establecer una base sólida que reconozca legalmente estos procedimientos.
Leyes que Necesitan una Reforma Urgente
Para construir esta base, es necesario intervenir en normativas clave. La Ley de Certificados y Firmas Digitales es uno de los pilares que debe ser actualizado. Esta ley debe contemplar y regular los sistemas de IA que participan en la autenticación y validación de identidades y documentos.
De igual manera, el Código Notarial requiere una reforma crucial. Los notarios, como dadores de fe pública, necesitan un marco que les permita utilizar y confiar en herramientas de IA certificadas. La legislación debe reconocer explícitamente que un documento verificado por un sistema de IA auditado y certificado posee plena validez, equiparándolo a los métodos tradicionales.
Definiendo al «Operador de IA Certificado»
La solución no es simplemente aceptar cualquier tecnología, sino regularla. Es fundamental definir legalmente qué constituye un «operador de IA certificado». Esto implica crear estándares, procesos de auditoría y certificación que garanticen que una herramienta de IA es segura, fiable e imparcial. Asimismo, la ley debe establecer bajo qué condiciones específicas la intervención de estos operadores es legítima y vinculante.
Se trata de otorgarle a la herramienta una «cédula de identidad legal». Este reconocimiento formal es el paso indispensable para que la IA deje de ser un mero asistente y se convierta en un actor validado dentro de nuestro ecosistema jurídico, fomentando la eficiencia y la seguridad en la era digital.
