La revolución de la Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para transformar todas las profesiones, y el campo del derecho no es la excepción. Sin embargo, su implementación acelerada, sin un marco regulatorio adecuado, presenta un riesgo sistémico que amenaza los cimientos de la fe pública y la práctica notarial en Costa Rica. La promesa de eficiencia y modernidad podría convertirse en una fuente de desigualdad y fragilidad legal.
El primer gran peligro es la inequidad. Si la IA se consolida como una herramienta premium, solo las grandes firmas y notarías con mayor poder adquisitivo podrán costearla. Esto les permitiría ofrecer servicios más rápidos y seguros, creando una brecha insalvable con los notarios de zonas rurales o con menos recursos. El resultado sería una fragmentación inaceptable en la calidad de la fe pública, donde el acceso a la justicia y la seguridad jurídica dependería de la capacidad económica de las partes, y no de la pericia del profesional.
El segundo pilar de este riesgo es el vacío legal. La legislación actual no fue diseñada para enfrentar los desafíos de la era digital. Si un algoritmo comete un error crítico en la calificación de un documento, ¿quién asume las consecuencias? La responsabilidad se diluye entre el notario que utilizó la herramienta, la empresa tecnológica que la desarrolló y el Estado que permitió su uso. Esta incertidumbre es inaceptable en un sistema que depende de la certeza y la confianza.
Sin una reforma legal que defina claramente la responsabilidad algorítmica y establezca estándares universales de acceso, estamos construyendo un sistema muy avanzado sobre cimientos de adobe. Es como edificar un imponente rascacielos que, a pesar de su apariencia moderna, es potencialmente injusto y está destinado a colapsar ante la primera falla. Es imperativo abrir un debate serio y urgente para asegurar que la tecnología sirva para fortalecer la justicia, no para debilitarla.
