A menudo, el sistema legal se presenta como un campo de juego con reglas equitativas para todos los participantes. Sin embargo, la experiencia del ciudadano común frente al Derecho Administrativo suele ser muy distinta. Lejos de ser un simple conjunto de normativas, se percibe como una estructura compleja y, en ocasiones, infranqueable, diseñada más para proteger los intereses del Estado que para servir al ciudadano. Esta percepción no es infundada; en la práctica, el derecho administrativo puede actuar como la verdadera armadura del poder.
El Acto Administrativo: Una Barrera Gigantesca
Uno de los conceptos centrales en esta disciplina es el «acto administrativo» y su poderosa «presunción de validez». ¿Qué significa esto en términos sencillos? Significa que cualquier decisión, permiso o resolución emitida por una entidad estatal se considera legal y válida desde el momento en que se emite. El Estado actúa, y es el ciudadano quien asume la pesada carga de demostrar lo contrario. Esta dinámica invierte la responsabilidad, obligando al individuo a navegar un laberinto burocrático para probar que una acción gubernamental es, de hecho, ilegal. Es una barrera gigantesca que desalienta a muchos desde el inicio.
Un Laberinto Diseñado para Desalentar
Imaginemos una comunidad que se opone a un proyecto por su potencial impacto ambiental. Se enfrentarán a una maquinaria estatal que ya ha otorgado viabilidades y permisos. Cada uno de estos documentos es un acto administrativo, una fortaleza legal que debe ser derribada. Para lograrlo, los ciudadanos deben embarcarse en procesos largos, costosos y complejos, luchando contra un sistema que, por defecto, se autoprotege. El camino está diseñado para ser arduo, poniendo a prueba la resistencia y los recursos de quienes se atreven a cuestionar al poder.
¿Cuestionamos las Reglas o el Juego Completo?
La formación tradicional en derecho enseña las reglas de este laberinto: cómo moverse dentro de él, qué recursos utilizar y cómo interpretar sus normas. No obstante, rara vez se detiene a cuestionar la existencia misma del laberinto. Es fundamental reflexionar sobre quién se beneficia realmente de esta complejidad. Al entender el Derecho Administrativo no solo como un conjunto de reglas, sino como una estructura de poder, podemos empezar a abogar por un sistema más transparente, justo y equilibrado, donde la balanza no se incline sistemáticamente a favor del Estado.
